Legitimación del Estado en base a la ley natural según John Locke

Un siglo antes de que tuvieran lugar las revoluciones americana y francesa ya se establecieron en Inglaterra las bases del pensamiento liberal que serviría de inspiración para sustituir las formas absolutas de gobierno características del Medievo por democracias que respeten los derechos de los ciudadanos. El precursor de esta idea y padre del liberalismo político es sin duda alguna el pensador inglés John Locke, quien establece las bases que sirven para determinar si un Estado es o no legítimo de acuerdo con los postulados básicos del liberalismo.

Estado de naturaleza y ley moral natural

El pensamiento filosófico-jurídico de Locke refleja un iusnaturalismo pleno. Según afirma, en ausencia de una autoridad común el estado de naturaleza se caracteriza por la libertad e igualdad de todos los hombres, y éstos mantendrán dicho estado hasta que se conviertan en miembros de una sociedad política. Dicho estado de naturaleza es para Locke un estado pacífico, de ausencia de coacción de unos hombres sobre otros, a diferencia de la concepción de Hobbes del estado de naturaleza como estado de guerra. Mientras que para Hobbes el estado natural del ser humano es combatir entre sí para sobrevivir o para obtener el máximo poder, para Locke el estado de guerra constituye una violación, una degeneración del estado de naturaleza mediante la imposición de la fuerza en ausencia de todo derecho, una desvalorización de lo que el estado de naturaleza debe ser.

Locke, para fundamentar su concepción de estado de naturaleza, afirma la existencia de una ley moral que lo regula y que puede ser descubierta por la razón, una ley universalmente obligatoria, promulgada por la razón humana como reflejo de Dios que se impone a los hombres en ausencia de todo Estado y legislación. Tal ley moral natural proclama la existencia de unos derechos naturales y sus deberes correspondientes, entre los que destacan el derecho a la vida, a la libertad, y a la propiedad privada. Por tanto vemos con claridad su defensa del iusnaturalismo al afirmar la existencia de unos derechos con anterioridad a cualquier Estado o legislación, surgidos de la propia naturaleza del ser humano como reflejo de Dios, cuyo respeto (el cumplimiento de los deberes inherentes a esos derechos) es obligatorio.

El derecho natural de propiedad privada

Locke justifica el derecho natural de propiedad privada en base al derecho que tiene todo hombre a su propia vida. Afirma que el ser humano en su estado de naturaleza es libre para trabajar y poseer los frutos de dicho trabajo sin que ninguna otra persona o ente (el Estado) tenga derecho a arrebatárselo, pues de hacerlo atentaría contra su propia vida y libertad violando el estado de naturaleza.

También reconoce Locke el derecho a la herencia, pues todo hombre, una vez que ha conseguido con su trabajo la propiedad de unos bienes, el propio contenido del derecho de propiedad le facultad a disponer de ellos como considere oportuno; e incluso cuando no transmitiese directamente esa propiedad a sus descendientes, Locke afirma que éstos seguirían teniendo el derecho a heredar la propiedad de su ascendiente fallecido basándose en que la familia es una sociedad natural y que por tanto que los bienes del padre pasen al hijo tras su fallecimiento es lo más acorde con el estado de naturaleza.

El pacto como origen de la sociedad política

El hecho de que los hombres posean una ley natural de obligado cumplimiento no asegura en modo alguno el que todos ellos la respeten, que la ley natural exista y sea válida por desgracia no impide que haya quienes no respeten los deberes inherentes a dicha ley y violen los derechos de los demás. Debido a esta circunstancia, dice Locke que es de interés del ser humano el constituir una sociedad organizada para la efectiva salvaguarda de los derechos de todos mediante un acuerdo o pacto establecido entre ellos.

Obviamente, como sucede en todo pacto, la constitución de dicha sociedad conlleva una serie de obligaciones, pero los beneficios que aporta son mayores al coste que supone (al igual que una contrato suele conllevar obligaciones para ambas partes, pero éstas lo firman porque consideran que el beneficio que reciben es superior al coste de la obligación asumida). Locke resume dichos beneficios en los siguientes términos: los hombres disponen de una ley escrita que define la ley natural evitando controversias sobre ella, se establece un sistema judicial que goza del reconocimiento general y evita arbitrariedades, se crea un poder capaz de castigar crímenes y de obligar a ejecutar las sentencias, y se conserva la propiedad privada.

La sociedad civil y el gobierno establecido se basan por tanto en el consentimiento. Según Locke el consentimiento es lo único que puede justificar las restricciones que la sociedad civil impone al estado de naturaleza: nadie puede ser sacado del estado de naturaleza y ser sometido al poder político sin haber dado previamente su consentimiento de manera libre. Por tanto, Locke no solo admite la existencia legítima del Estado sino que le reconoce una función esencial en la sociedad, pero únicamente cuando dicha existencia se basa en el consentimiento, única fuente de legitimidad. Del mismo modo, cualquier Estado que incumpla este principio básico e imponga su poder a través de la coacción en lugar de fundamentarse en el libre consentimiento de las personas que integran dicho Estado no será un Estado legítimo.

Conclusión 

Locke reconoce la existencia de unos derechos naturales que todo hombre posee, junto con los deberes inherentes a ellos, en virtud del estado de naturaleza en el que se halla caracterizado por su libertad: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada.

Para salvaguardar tales derechos los hombres voluntariamente establecen un pacto por el cual constituyen un Estado cuyas funciones tienen como única finalidad la protección de los derechos naturales. El consentimiento a dicho pacto es la base de la legitimidad del Estado, sin consentimiento no hay legitimidad.